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Columna de Hoy Viernes, 14 de Diciembre de 2018

Disputa por salarios rompe orden Constitucional de división de poderes

Los todopoderosos hombre de la toga y birrete demostraron que nada entienden de política y lucha por el poder, pero lo más grave fue que también demostraron ser ignorantes de los caminos secretos del litigio judicial. La crisis López Obrador-Suprema Corte no fue por salarios, sino por una nueva redistribución del poder real que implica la ruptura del orden constitucional en materia de división de poderes.

Ninguno de los pomposos ministros de la dependencia encargada de resguardar la Constitución entendió la lógica de la disputa por el poder. La controversia constitucional no se localizó en intentar bajar salarios, sino en el hecho de que una ley impuso la figura personal del presidente de la república en materia salarial como factor de definición del poder de un poder sobre los otros dos poderes.

La ley de remuneraciones no puede estar por encima de la autonomía de los otros dos poderes, el legislativo y sobre todo el judicial. La tarea de la Corte, por tanto, no estaba en analizar el contenido salarial de esa ley sino de determinar si era válido que el salario del presidente de la república pudiera determinar funcionamiento autónomo del poder judicial.

La intención final de López Obrador en realidad no radica en un asunto de justicia distributiva salarial, sino en dejar claro que el presidente de la república por la vía de los salarios era el poder supremo. Los legisladores lopezobradoristas tuvieron la inoportunidad de fijar el salario máximo con alguna otra unidad de valor --por ejemplo, los UDIs posteriores a la crisis de tasas de interés bancarias de 1995--; pero al poner el salario del presidente de la república --“nadie puede ganar más que yo”, declaró López Obrador en una variante del luiscatorcesco “el salario soy yo”-- se dejó clara una nueva jerarquía de mando piramidal con dominación presidencial.

El trasfondo de lucha por la supremacía del poder legislativo lo reveló la bancada de Morena con su amenaza a la Corte: o se bajan los salarios o se los bajamos, un acto de destrucción de la autonomía del poder judicial al querer dictar el poder legislativo el funcionamiento interno del judicial. La salida institucional es más sencilla: aprobar un presupuesto bajo y que la Corte se haga bolas ejerciéndolo con restricciones.

Pero la intención de convertir el salario presidencial en el eje de gasto corriente lleva el mensaje de anunciar el regreso del presidencialismo absolutista.

No se trata, por cierto, de la construcción de una dictadura como la de Venezuela. El objetivo, en realidad, es el de reconstruir el viejo modelo presidencialista dominante priísta que funcionó con base electoral de mayoría calificada hasta 1982, con mayoría absoluta hasta 1991 y como primera minoría desde 1997. El modelo presidencialista funcionalizado por base legislativa ha operado siempre.

En los hechos, el sistema presidencialista --que no presidencial-- ha sido el eje de los diferentes sistemas políticos desde el imperio de Agustín I de Iturbide. Pero al paso del tiempo, la maduración de la sociedad civil le fue quitando pedazos de poder de dominación al presidencialismo de Estado absolutista-filantrópico --aportación de Octavio Paz a la ciencia política mexicana en materia de teoría del Estado--. En este escenario, el modelo presidencialista de López Obrador es el totalizador --aportación de José Revueltas desde el marxismo-- y ha de necesitar la reconcentración de los poderes perdidos en un Estado dominante.

La oposición en la Cámara y los barones de la toga y el birrete no han entendido la lógica del poder de López Obrador. La defensa debe centrarse en la protección de la división de poderes, no del salario. Pero la astucia de López Obrador llevó la guerra de poderes al terreno de los abusos salariales del poder judicial, beneficiándose inclusive por la defensa salarial de la Corte.

Si la respuesta de la Suprema Corte fue equivocada porque ofreció la imagen mezquina de defender salarios y nivel de vida, la salida política e institucional puede aún ayudar a reorientar las argumentaciones: blindarse hacia dentro, profundizar su independencia del ejecutivo y revolucionar la sociedad con la aplicación de las leyes. El gobierno mexicano no resistiría un poder judicial estricto porque el modelo de acusaciones que opera el ejecutivo está más corrompido que la defensa salarial del poder judicial.

El debate está en el terreno de la división de poderes. El hoyo anticonstitucional de la ley de remuneraciones radicó en poner la figura del presidente de la república o jefe del poder ejecutivo federal por encima del autónomo e independiente poder judicial. El ejecutivo tiene la facultad de entregar el presupuesto al judicial y no meterse en su distribución. Y el judicial perdió la oportunidad de autorregularse.

Si quien tiene el dinero tiene el poder, también quien tiene el poder puede dominar al dinero.

 

Política para dummies: La política es el campo de batalla por la jerarquía del poder.

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