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La memoria de JEP

Cuento

de

Carlos Ramírez


 

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Columna de Hoy Viernes, 28 Noviembre 2014

Propuesta EPN:
faltó lo político

Aunque habrá que esperar lo que decida aceptar y dejar pasar la oposición en el congreso, el programa de emergencia en seguridad anunciado por el presidente Peña Nieto tuvo un faltante significativo: algunas propuestas de reforma política institucional.

Todos los análisis publicados hasta ahora hacen énfasis en la crisis del sistema político, del cual forma parte el Estado de Derecho y el sistema de justicia. Hasta ahora, todas las reformas de seguridad, justicia, penales y de derecho se han topado con una estructura política dominada por los intereses de poder.

La parte fundamental de la crisis del sistema político radica en el hecho de que el PRI carece del factor de dominación hegemónica del pasado. La redistribución del poder que ha traído consigo la democratización ha centrado el problema de la crisis mexicana en el ejercicio de la autoridad.

La crisis de Iguala resume el problema sistémico: la oposición perredista se negó a aceptar las reglas del juego, el alcalde perredista decidió pactar con criminales y entregarles el poder, el sistema político ha carecido de instrumentos para atender esas complicidades y las formas existentes vía juicio de procedencia avalan la impunidad del poder. Ahí está el caso del perredista Julio César Godoy que pactó con el cártel de La Tuta y pese a las evidencias de la PGR el PRD lo hizo protestar como diputado; hoy sigue prófugo.

Por tanto, las reformas de seguridad deberían profundizar el aspecto sistémico. Las propuestas de seguridad podrían facilitar algunas investigaciones pero no resolver los problemas de complicidad delincuentes-políticos. La criminalidad debiera encararse por el lado de la política, no de la seguridad, porque la inseguridad es consecuencia de una estructura política y de poder contaminada por la subordinación de la política al crimen.

La reforma política pendiente tendría que considerar los siguientes puntos:

--Mayores posibilidades y facilidades para imputar a políticos y funcionarios públicos por irregularidades penales. La única rendición de cuentas es la que lleva aparejados criterios penales.

--La reforma de las leyes penales para precisar la aplicación de la ley a la violencia social con pretextos políticos. La sociedad no puede seguir siendo rehén de las turbas políticas como los maestros de Guerrero y Oaxaca.

--Una nueva ley de partidos políticos para responsabilizar a sus dirigencias de la selección de candidatos vinculados al crimen organizado o a la delincuencia común.

--Una ley más estricta para perseguir y castigar delitos cometidos por funcionarios públicos. Ello implicaría la reducción del fuero. Además, una fiscalía especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos con mayores facultades. Un fiscal anticorrupción electo en urnas rompería las complicidades del poder porque dependería del voto del pueblo y no del congreso o del Presidente de la República en turno.

--Una ley para hacer más estricta la declaración patrimonial de todos los funcionarios públicos con una oficina fiscal en Hacienda para revisar gastos de políticos en busca de irregularidades en ingresos. Ningún político o funcionario debiera ingresar a la actividad pública o salir de ella sin una declaración fiscal de ingresos y propiedades abierta a la sociedad.

Cuando la sociedad vea que los políticos, gobernantes y funcionarios cumplen la ley o van a la cárcel, entonces estará obligada a aceptar el Estado de derecho.

Libro de Carlos Ramírez