Viernes 8 de enero de 2010

+ Los desafíos del 2010 (y 5)

+ Guerra social in crescendo

Más allá de los dimes y diretes entre PRI, PAN y PRD que nada más buscan apoyos en las masas, el país habría ya entrado a la lógica del conflicto conocido como guerra social. Es decir, el enfrentamiento entre ciudadanos por temas raciales, religiosos y económicos.

No se trata de una lucha de clases, debido al agotamiento de las ideologías y a la inexistencia de partidos políticos de clase. Son luchas contra la discriminación, el alza de precios, el medio ambiente, los derechos de las minorías. Se trata, en suma, del combate de los ciudadanos contra los aparatos de poder, lo mismo en el poder del gobierno que en poder de las estructuras políticas. Y van desde la protesta callejera hasta los linchamientos.

Ahí se localiza la necesidad de una verdadera reforma política. No se trata de disminuir números de diputados o ampliar gestiones o reducir partidos, sino de crear nuevas instituciones que respondan a las demandas de los ciudadanos en lo individual o en comunidad: la lucha por el agua, por los caminos, por los precios de transportes son parte de la agenda del ciudadano que ya no pasa por los partidos. Peor aún, la hacen militantes de partidos al margen de los partidos o aún en contra de ellos.

Se trata, acaba de escribir el prestigiado sociólogo Alain Touraine en El País, de la “crisis de la acción política, y, con mayor precisión, de la expresión política del descontento, las reivindicaciones y las denuncias”. La dificultad es que no se trata de una clase social sino de una relación transversal de clases sociales. El problema no es una ideología sino el bienestar. Por eso, agrega, “cada vez hablamos menos de intereses y más de derechos. Tal es la transformación principal de nuestra vida social”. Touraine ubica las protestas ciudadanas como una forma de resistencia social a la crisis económica internacional que provocaron los organismos financieros privados y que buscan una solución a partir de su refortalecimiento a costa de la sociedad.

Se trata de una nueva forma de participación de la sociedad en la defensa de sus intereses que ya no se logra a través de los organismos tradicionales. Por tanto, Touraine establece una nueva tesis política y social:

“Esta manera de abordar los problemas de nuestro futuro no es la de los economistas; no estoy seguro de que sea la de los políticos, pero debe ser la de los sociólogos, para los cuales una situación es más el resultado de la acción de mujeres y hombres que el efecto de unas fuerzas económicas que le imponen a la sociedad la búsqueda racional del interés como prioridad absoluta. En el presente caso esto es aún más claro que en general. Pues, frente a unas fuerzas económicas no humanas, la resistencia no puede venir de la defensa de intereses específicos; sólo puede venir de la invocación de unos derechos universales que son pisoteados cuando los seres humanos mueren de hambre o se ven privados de trabajo o libertad para que los financieros puedan seguir aumentando sus beneficios.”

El agotamiento de las ideologías llevó a ineficacia de partidos. Y la crisis en la gestión de los gobiernos delineó el nuevo objetivo de la gobernanza o la calidad en la administración pública, ya no tanto el cumplimiento de programas políticos. La protesta rebasa a partidos, organizaciones y estructuras de control y se convierte en una implosión social. “Este levantamiento”, agrega Touraine, “en nombre de la defensa de los derechos más elementales y, por tanto, más universales, es la única manera eficaz de oponerse a los intereses de los financieros puros y duros”. Se trata de una contradicción financieros-ciudadanos, no de clases.

La movilización ciudadana se ha salido de los partidos. La clase poseedora es la única que ha mantenido su carácter de clase homogénea que han señalado los estudios financieros y marxistas. Pero ya no existe la clase obrera como tal, como representante de los ciudadanos. Ahí están los casos concretos de sindicatos --como el SNTE, los universitarios, el SME, los telefonistas-- que carecen de la representatividad social de los no propietarios porque luchan por beneficios propios aún a costa de quitarles bienestar a los demás ciudadanos.

La guerra social se presenta públicamente como protesta opositora a decisiones aisladas. Por ejemplo, contra barcos balleneros o en choques con policías bajo la bandera del altermundismo aunque no definan una alternativa, paralizando las calles al cerrar cruceros o en los linchamientos a presuntos delincuentes por la desconfianza en el sistema de impartición de justicia. Son protestas al margen de los partidos, de las organizaciones o de los mecanismos de control político. Son, al final de cuentas, formas de acción social que no asume las características de acción política.

La guerra social provoca inestabilidad. Y suele terminar en expresiones  de anarquía violenta que siempre deriva en endurecimientos de las autoridades y casi nunca logran su objetivo. De ahí la importancia de una reformulación de la reforma política, a fin de dotar al ciudadano de canales de expresión y de protesta. Los aparatos de poder gubernamental fueron creados ex profeso para atender a partidos, no a ciudadanos. Y es ahí donde se localiza el principal desafío de la organización ciudadana del siglo XXI.

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