Lunes 7 de junio de 2010

+ ABC: politización de la Corte

+ Derecho o democracia, dilema

La Corte Suprema de Justicia de la Nación podría desaprovechar la oportunidad de la investigación del incendio en la guardería ABC para fundamentar el nuevo Estadio de derecho y dar un paso más en la politización de sus decisiones. El dictamen del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se basa más en el compromiso con la democracia que con las leyes.

El dictamen que será votado en el pleno la semana próxima debe leerse en función del uso del Estado de derecho. El ministro Zaldívar es proclive a la aplicación de la ley en relación con la democracia y no con la justicia. Pero muchas veces la justicia no consolida la democracia.

En su decálogo de compromisos que leyó en el Senado como propuesta de trabajo cuando se votaba la terna para ministro de la Corte Suprema, el primero de diciembre del año pasado, Zaldívar estableció el criterio de que pugnaría por “una Corte para la democracia”, aunque sin definir su concepto de democracia. Sin embargo, el símbolo de la justicia es una mujer con los ojos vendados para establecer el criterio de que la justicia es ciega o no ve beneficiarios ni sistemas políticos. Al final, el primer principio de la justicia es el de la aplicación estricta de la ley.

El dictamen del ministro Zaldívar documenta con precisión el grado de omisiones cometidas por los tres niveles de gobierno --federal, estatal y municipal-- pero el reparto de culpas enfatiza criterios políticos. En el punto cuatro de su decálogo a firmó que “la justicia no se aplica en abstracto ni de manera aislada, no es un acto teórico” y que “en la ética de la responsabilidad el juez constitucional dicta sentencias para un momento determinado y una realidad concreta, debe tener presente, en la medida que el caso lo permita, las consecuencias políticas y sociales de sus resoluciones”. Este concepto lo repite en la página 13 de su dictamen.

Sin embargo, hay un hoyo negro entre el enfoque weberiano de la ética de la responsabilidad --contrastado por Max Weber con la ética de la convicción--: la justicia en manos de Dios o la imputación de culpabilidades por el peso del acto reclamado. El dictamen del ministro Zaldívar queda ahogado por los niños afectados por el incendio. Por tanto, las imputación de responsabilidades tiene que ver más con la presión mediática y social que con la aplicación de la ley.

El caso de Daniel Karam podría ilustrar la dimensión politizada de las conclusiones del dictamen del ministro Zaldívar. A Karam como actual director general del Seguro Social le acredita casi la misma responsabilidad que al anterior director Juan Molinar Horcasitas, cuando el primero tenía escasas semanas de haber tomado posesión en tanto que el segundo había firmado los documentos de la guardería ABC. Lo peor del asunto es que Karam y Horcasitas no aparecían como responsables en la investigación de los magistrados y fueron incluidos por Zaldívar por la presión mediática. Horcasitas tendría responsabilidad más allá de la omisión porque tuvo tiempo suficiente para atender el caso de las guarderías. Y Karam sería una víctima propiciatoria.

El dictamen final del ministro Zaldívar contiene una contradicción de origen o algo que podría considerarse una paradoja: la función de investigación que hace la Corte Suprema sobre “violaciones graves” a las garantías individuales debería conducir a una zona de vacío jurídico. El propio ministro reconoce en su dictamen que “es importante destacar que el resultado de las investigaciones del artículo 97 no prejuzga sobre la responsabilidad penal, administrativa o civil de los servidores públicos involucrados, sino que su función es la de señalar la existencia de violaciones graves a las garantías individuales y la responsabilidad constitucional, política y ética de los servidores públicos que por acción u omisión incurrieron en ellas”.

Sin embargo, la forma de redacción política del dictamen deja ver una incriminación de una lista de funcionarios con nombres y apellidos susceptibles de correlacionar con responsabilidad penal, administrativa o civil. Es decir, el dictamen concluye con señalamientos que no permite la redacción del segundo párrafo del 97 constitucional. Inclusive, el estilo de redacción del dictamen se basa en un acto de prejuicio en contra de los funcionarios.

El problema de la aplicación de la ley en un sistema social como el mexicano --que viene de un modelo autoritario, quisiera llegar a ser democrático pero que se estancó en el camino de las indefiniciones-- radica en las tentaciones mediáticas de muchos dictámenes. Eso lo sabía el ministro Zaldívar. En su decálogo de compromiso ante el Senado, advierte el peligro de la politización de decisiones: al dictar sentencia, “el juez constitucional (…) debe tener presente, en la medida que el caso lo permita, las consecuencias políticas y sociales de sus resoluciones”. Se trataría de una justicia tuerta a la hora de decidir sentencias: no por el hecho delictivo sino por las consecuencias políticas y sociales. Es decir, sentencias para la tribuna y no parea la ley.

La votación de la próxima semana sobre el dictamen del ministro Zaldívar va a decidir si la Corte decide en función del derecho o de la política.

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carlosramirezh@hotmail.com

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