Martes 8 de junio de 2010

+ Amnistía Internacional: tretas

+ Narco: problema gigantesco

Para ser un organismo de investigación de casos de violaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional ha fallado en el seguimiento profesional de los asuntos. Más que denunciar la tortura, ese grupo trata de politizar sus informes como parte de una campaña contra el ejército mexicano.

En su reporte del 2010, por ejemplo, Amnistía Internacional recoge apenas tres casos concretos, pesca algunas cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, agranda las denuncias sin rigor sobre el tema y concluye que “aumentaron los informes sobre graves violaciones de derechos humanos a manos del miembros del ejército que realizaban actividades policiales”.

La realidad, sin embargo, es otra y exhibe la parcialidad de AI. Lo grave de todo es que esa organización de activistas no tiene un mecanismo profesional de seguimiento de casos. Y llega al punto de ni siquiera leer los boletines oficiales. Los tres casos denunciados en su reporte de 2010 no sólo han sido investigados por el propio ejército sino que ha habido oficiales y tropa detenidos y consignados.

El poco profesionalismo de AI  lo que la convierte más en un organismo de denuncia que de vigilancia real de derechos humanos. En el caso denunciado por AI de Santiago de los Caballeros, en Badiraguato, Sinaloa, el ejército detuvo, consignó y dictó auto de formal prisión a un oficial y cuatro soldados por homicidio y lesiones. El juicio se efectuó por delitos contra la disciplina militar. La Secretaría de la Defensa Nacional emitió comunicados de prensa sobre el caso. AI no quería que el ejército aplicara la justicia militar.

AI denuncia que la Sedena informó de doce militares involucrados en un caso de desaparición de personas en Nuevo Laredo, pero que no explicó más datos, aunque en realidad hay comunicados de prensa que informaron de la desaparición de tres personas en abril de 2009. En mayo, un boletín de prensa de la Sedena documentó el ejercicio de la acción penal contra un jefe y ocho elementos de tropa y el auto de formal prisión. En sólo catorce días el ejército investigó, arrestó y encarceló a los responsables. AI tampoco indagó esos boletines, aunque sí agrandó su denuncia.

Y en el trillado caso de los 25 policías municipales de Tijuana, AI culpa al ejército del arresto y presunta tortura, pero en realidad los militares actuaron como “apoyo a una petición de la autoridad competente”. Y se los llevaron a una instalación militar --con orden de arraigo de un juez-- para evitar que algún comando criminal los rescatara a sangre y fuego, como ocurrió en Monterrey. Los policías alegaron tortura para eludir la acción de la justicia por corrupción y complicidad con el crimen organizado.

La suspicacia contra el ejército lleva a condenar a priori acciones. Por ejemplo, había comenzado a crecer una condena por la muerte a balazos en un incidente en Reynosa de dos estudiantes menores de edad el pasado 2 de junio. Pero las pruebas periciales acaban de documentar que esos menores estaban armados, dispararon contra una patrulla militar e iban cargados de droga. Por tanto, no eran inocentes. Falta por comprobar si efectivamente los menores eran estudiantes o el narco ha decidido usar a menores de edad en acciones de agresión contra las fuerzas policiacas y militares.

Luego de experiencias históricas que aún tienen sensibles a las fuerzas armadas, el ejército le ha dado especial importancia al tema de los derechos humanos. Además de cursos y pláticas, la Sedena acaba de poner en marcha un diplomado “en derechos humanos de las víctimas del delito y abuso de poder”, con la presencia de funcionarios de la CNDH. Según datos oficiales, de diciembre de 2006 a la fecha se han recibido 3 mil 430 quejas de presunta violación y de ellas sólo 51 recibieron recomendación de la CNDH y éstas fueron acatadas. Y de las 51, 27 se encuentran en averiguación previa. Por tanto, sólo el 1.5% de las quejas ha merecido recomendación.

Sin embargo, los reportes de los organismos internacionales de derechos humanos quieren agrandar el conflicto con el propósito de sacar a las fuerzas armadas de la lucha contra el narcotráfico, justamente lo que anhelan las bandas del crimen organizado.

Pero el tamaño del problema de la delincuencia es bastante grave. De diciembre de 2006 a la fecha, el ejército ha logrado decomisos que ilustran la dimensión del crimen organizado: casi 19 mil vehículos, 460 aeronaves, 140 embarcaciones, casi 58 mil armas de fuego, 326 laboratorios, 545 predios asegurados, 2 mil 657 pistas clandestinas de aterrizaje para aviones con droga, más de 26 mil toneladas de cocaína, más de dos millones de toneladas de mariguana y 13 millones de pastillas psicotrópicas. Es decir, se trata de apenas una parte del volumen de droga y recursos que existía en México en estos casi tres y medio años. Es la punta del iceberg.

Y lo más peligroso: la cifra de muertos que llena las páginas ha llegado a 27 mil personas, pero el ejército ha detenido en este periodo a casi 22 mil 500 delincuentes. Es decir, que entre muertos y detenidos, el crimen organizado ha sufrido una baja de más de 50 mil delincuentes. Y también es una pequeña parte del problema.

Por tanto, la lucha contra el narco y el crimen organizado no ha sido un día de campo. Y el saldo debe medir también lo logrado para dimensionar la cifra negra de la delincuencia en México.

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carlosramirezh@hotmail.com

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