Viernes 18 de junio de 2010

+ FCH: estrategia de comunicación

+ SEP-SSA: obesidad y no consumo

Reforzada la estrategia de uso de la fuerza del Estado contra las bandas del crimen organizado, el presidente Calderón inició esta semana una estrategia de comunicación social contra la inseguridad pública.

Por primera vez en tres años, la estrategia de seguridad pública se percató de que la percepción social es también parte de las políticas de lucha contra las bandas del crimen organizado. El campanazo de advertencia fue la portada de la revista Proceso de hace unas semanas, cuando el director general Julio Scherer apareció como promotor del perfil social de Ismael El Mayo Zambada, uno de los narcos más buscados. El enfoque acrítico del periodista convirtió a la revista en una especie de narcomanta.

Los medios de comunicación se convirtieron en críticos severos de la estrategia de seguridad pública, en contadores del número de muertos y en practicantes de una línea editorial que objetivamente servía a los intereses de los capos. A lo largo de tres y medio años, el gobierno desdeñó el papel de la comunicación social en la construcción de consensos. Ahora el presidente de Calderón publicó un largo desplegado para explicar su postura, apareció en televisión para convocar al apoyo social y anunció una campaña internacional de relaciones públicas.

Lo que falta es incidir en el imaginario social popular. En términos de prioridades, el gobierno federal le ha dado más insistencia en campaña de publicidad al tema de la obesidad y ha eludido una agresiva campaña de propaganda contra las drogas. Hay más decisión de las autoridades gubernamentales en tratar de incluir en las cajetillas de cigarros fotos de órganos humanos dañados por el tabaquismo. Pero no existen carteles ni spots que promuevan una campaña que en el pasado dio resultados: “di no a las drogas”. Ni pláticas en las escuelas sobre el daño que produce el consumo de drogas.

El interés del gobierno de Calderón por la comunicación social en el tema del narcotráfico llegó un poco tarde pero finalmente arribó a las prioridades. Ahora falta depurar la forma de llegarle a la sociedad y de convertir la crítica en apoyo. Los medios de comunicación como intermediarios fueron excluidos desde el principio y se convirtieron en críticos del gobierno. El nuevo consenso social contra el narcotráfico y por la seguridad pública requerirá de mucho esfuerzo gubernamental para que los medios traten de entender los objetivos de la estrategia gubernamental contra la inseguridad pública.

El problema de la política de comunicación social contra la inseguridad radica en la inexistencia de los mecanismos autoritarios del pasado priísta. Por tanto, se requiere como nunca de enfoques de comunicación, relaciones públicas, publicidad y propaganda. Pero sobre todo, exige la voluntad presidencial para conformar una alianza estratégica que vaya más allá de las relaciones con las instancias superiores de los medios. Ahora existe en México una masa crítica editorial que tampoco responde a los viejos mecanismos autoritarios y que requiere de nuevos mecanismos de relación.

Sin una política de comunicación social para la inseguridad pública, la estrategia de lucha contra el crimen organizado va a seguir perdiendo el consenso social. La iniciativa presidencial en materia de desplegados, apariciones en televisión, discursos y relaciones públicas internacionales necesita como complemento un nuevo acuerdo con los medios. No se trata de acallar la crítica o de conseguir aliados acríticos, sino de incidir sobre el espacio crítico de los medios para convencerlos de que se derrota al crimen organizado o el país seguirá dominado por los intereses criminales.

Las bandas del narcotráfico han logrado intimidar a los medios con amenazas, asesinatos y desapariciones. Por eso en los medios ya no denuncian al narco sino que han arremetido contra el gobierno, contra sus estrategias y contra sus declaraciones. Ahí está el caso de Proceso y la fotografía de Scherer bajo el brazo protector de El Mayo Zambada. La crítica contra los daños colaterales de la lucha contra el narco busca paralizar a las fuerzas de seguridad. Hay más espacios para denuncias no comprobadas por presunta violación de derechos humanos que condenas contra los narcos por  la violencia criminal de sus comportamientos cotidianos.

La comunicación social es parte de una guerra. En su texto “El ejército y la comunicación social”, de mayo de 1984 --cinco días antes de ser asesinado por asuntos vinculados al narco--, el columnista Manuel Buendía estableció varios criterios: “la comunicación social es uno de los elementos constitutivos del poder”. La falta de una política de comunicación crea un vacío de poder y “nada pone más cerca de la destrucción de esa unión (entre los mexicanos) que el sometimiento al constante bombardeo de la propaganda adversa a través de medios que sirven a designios opuestos a nuestro interés nacional”.

La decisión gubernamental de trabajar sobre una estrategia de comunicación social consustancial a la estrategia de lucha contra la inseguridad llega tarde pero llegó. Sólo que toda política de comunicación requiere de consistencia, profundidad, políticas integrales, coherencia en el mensaje, uniformidad, un comité operador, en suma, un verdadero sistema de comunicación social.

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carlosramirezh@hotmail.com

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