Miércoles 30 de junio de 2010

+ SCJN: legalizar la violencia

+ Impunidad de protesta social

Hoy miércoles la Corte Suprema de Justicia tendrá otra de sus decisiones históricas: los amparos del caso Atenco. Y lo hará en función de un dilema: aplicar la ley contra la protesta social que rompe con las exigencias mínimas de legalidad o le otorgará certificado de impunidad a la protesta social que utiliza la violencia para imponer sus exigencias.

Es decir, definirá qué vale: la ley o los machetes.

La litis de fondo en los amparos va a decidir, en el máximo tribunal constitucional, si la violencia social estará legalizada y la protesta social tendrá entonces la protección constitucional aunque viole los derechos de terceros y rompa la estabilidad legal. La concesión de amparos a los líderes de Atenco, encabezados por Ignacio del Valle, tiene que ver con la amenaza de linchamiento a funcionarios mexiquenses.

La Corte Suprema se ha dividido en dos grupos: uno, el constitucional, que quiere separar los casos, otorgar amparos a quienes retuvieron a funcionarios pero sin amenazar su vida y mantener procesos contra los que rociaron de gasolina a funcionarios, les pusieron cohetones en el cuerpo y amenazaron con prender cerillos; otro, el promotor de la doctrina Góngora Pimentel, quiere privilegiar el derecho a la rebelión en un sistema de instituciones. En el centro se localiza el concepto de “protesta social”.

Si la Corte Suprema impone el criterio de libertad absoluta para la protesta social violenta y criminal, entonces el país entrará en la escalada de movilizaciones callejeras protegidos por la impunidad. Pero si la Corte logra excluir el concepto de protesta social y juzgar los casos en función de la violencia contra ciudadanos para imponer una exigencia de grupos, entonces las protestas sociales callejeras tendrán ya un acotamiento constitucional y legal.

El fondo del debate en la Corte no radica en la prioridad de encarar la protesta social sino en imponer límites legales al uso de la violencia de la turbamulta. Por tanto, las discusiones se deben centrar en lo que serían las garantías para el ejercicio de los derechos constitucionales de quienes exigen por la fuerza de las movilizaciones callejeras la adopción de medidas y las garantías de funcionarios para cumplir con procedimientos administrativos.

El debate de los amparos del caso Atenco va a girar en torno al simbolismo de la lucha apoyada en los machetes. El gobierno perredista capitalino de López Obrador alentó la protesta de los machetes al considerar a esta arma en un símbolo histórico. Pero resultó que los machetes fueron armas de agresión contra ciudadanos, policías y autoridades. Hoy mismo grupos de Atenco realizarán protestas afuera de la Corte esgrimiendo amenazantes sus machetes.

La Corte tendrá dos expedientes en la sesión de hoy: uno de ellos podría otorgar amparo a quienes retuvieron a Rosendo Rebolledo, director de Gobierno en Texcoco. En este caso de febrero del 2006, según expertos, no hubo secuestro equiparado porque el grupo radical garantizó condiciones físicas y no hubo amenazas contra su vida. Por ello se aplica el concepto de retención. En cambio, en el caso del 6 de abril de 2006, Ignacio del Valle utilizó a funcionarios de la SEP estatal para exigir la presencia del titular y el grupo utilizó amenazas graves de violencia, por lo que se aplicó el concepto de “secuestro equiparado”.

Si en el fondo de ambos casos existió la protesta social, en el primero no utilizó la violencia ni puso en riesgo la vida del retenido; en el segundo, en cambio, la protesta social provocó que funcionarios fueran amenazados de muerte y de linchamiento, a pesar de que el titular de la SEP estatal había comprometido una solución.

En este contexto, la Corte Suprema no va a criminalizar la protesta social sino que tendrá que decidir si le impone límites a las protestas o legaliza la impunidad de la violencia. Si se ampara a Ignacio del Valle, entonces cualquier grupo social tendrá certificado de impunidad en sus protestas y se amparará bajo el criterio de lucha social. Con ello se derogará en los hechos el Estado de derecho y el país entraría en la lógica de la revolución violenta amparada por la Corte.

Lo malo para la Corte será la argumentación. Los que quieren liberar a Ignacio del Valle van a llegar el concepto amañado de “criminalización de la protesta social”, cuando en realidad el punto central no es la lucha social sino el respeto al Estado de derecho. Si amparan a Del Valle, entonces el país entrará en la espiral de la violencia callejera. Y resultará contradictorio que la Corte castigue el exceso de fuerza de los policías en los casos Oaxaca y Atenco en aras de la estabilidad social, pero libere a líderes que amenazaron la vida de funcionarios para obligar a las autoridades a tomar determinadas decisiones.

El problema de fondo no radica en la persona de Ignacio del Valle, pues los hechos delictivos y las responsabilidades en su contra fueron demostrados en tribunales. La Corte tendrá que debatir el concepto de “secuestro equiparado” al tomar a funcionarios como rehenes y exigir por la vigilancia beneficios a cambio, pero poniendo en riesgo la integridad física de los secuestrados.

En síntesis, la Corte decidirá si vale la ley o los machetes.

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