Miércoles 28 de julio de 2010

+ Sedena abre ejército a sociedad

+ Énfasis en los derechos humanos

En medio de una campaña sospechosa para sacarlo de la lucha contra el crimen organizado, el ejército ha desplegado una inusual y eficaz estrategia militar para desorientar al enemigo: abrir sus llaves de información, acercarse a la sociedad y castigar severamente la violación de los derechos humanos.

Como ningún otro ejército del mundo, el mexicano ha desarrollado un singular movimiento en materia de derechos humanos: adelantarse a las denuncias en las comisiones civiles. Cuando algunos soldados lastimaron a periodistas en Nuevo Laredo al invadir una escena de crimen, el alto mando no sólo arrestó a los soldados y oficiales sino que comenzó a establecer mecanismos de garantías del trabajo periodístico.

Y como ningún  otro ejército del mundo, el mexicano inaugurará la próxima semana un sorprendente diplomado sobre “Las fuerzas armadas y los derechos humanos” entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por primera vez una fuerza armada cuya función es el uso de la fuerza en la defensa de instituciones y la seguridad cruza relaciones en la capacitación sobre los derechos humanos. El diplomado tratará de encontrar confluencia entre la lucha contra la criminalidad de la delincuencia organizada con el respeto a las garantías constitucionales, además de meter a los militares en la cultura de la defensa de los derechos humanos.

Asimismo, la Sedena abrió en su portal www.sedena.gob.mx un espacio especial para el tema de los derechos humanos, además de redinamizar su dirección general de Derechos Humanos para adelantarse a las quejas, tramitar reclamaciones y ofrecer información sobre indagaciones. La novedad radica en el hecho de que por primera vez el ejército --que tiene la función de ejercer la fuerza para defender las instituciones-- se preocupa por los derechos humanos. Con ello, el propio ejército establece un dique de contención a algunas acciones que pudieran salirse de control y obliga a soldados, oficiales y mandos a ejercer la fuerza pero sin violar derechos y garantías de ciudadanos.

Con estas maniobras estratégicas, el ejército pudo contener la ofensiva de algunos grupos --no pocos de ellos estimulados por el propio crimen organizado-- para convertir las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el argumento para sacar al ejército de las políticas de seguridad pública. Sin embargo, hoy más que nunca la seguridad pública es un asunto central de seguridad nacional porque implica la pérdida de la soberanía del Estado sobre parte del territorio dominado por la delincuencia y por ello el ejército se ha convertido en la última línea de defensa de la seguridad, la soberanía interna y el Estado.

El paso audaz del ejército en materia de derechos humanos ha sido un éxito político del general secretario Guillermo Galván, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional y jefe operativo del ejército. Y constituye también un avance en las relaciones militares-sociedad. Pero sobre todo, matiza la estridencia de las quejas contra militares por violación de derechos humanos porque los abusos son castigados primero dentro del ejército y luego en organizaciones civiles de defensa de garantías. Nunca antes algún secretario de la Defensa Nacional había convertido los derechos humanos en una prioridad política, rompiendo la tesis del contrasentido fuerza-derechos.

Las relaciones cívico-militares en México son un asunto que históricamente no ha sido debatido. Quizá las razones pasen por el desinterés de la clase política en el tema o la falta de apertura del sector castrense; lo cierto que esta ausencia de debate resultó cómoda para un régimen priísta que requería mantener un control corporativo del país, incluyendo al sector militar. El gobierno foxista no hizo mucho para cambiar esta situación, pese a las ventajosas condiciones políticas que imperaban a su arribo al poder. Así, se consideraba a la Sedena como una de las dependencias federales más reticentes  para comunicarse con la sociedad.

Sin embargo, en este sexenio la Defensa Nacional ha hecho evidente su intención de cambiar esta situación. Por lo menos esto lo revela en el objetivo número “6” de su “Programa Sectorial de Defensa”, en el cual señala como una de sus estrategias “establecer una política de Comunicación Social, que transmita una imagen del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, congruente con las actividades que realizan”. Así, derechos humanos, información y comunicación social han abierto al ejército al escrutinio de la sociedad; el ejército acepta las recomendaciones de la CNDH, sólo ha rechazado el 2% de solicitudes de acceso a la información y la oficina de prensa informa de todo lo que tenga que ver con las acciones militares.

A diferencia del pasado, el mensaje del general secretario Guillermo Galván es claro: no habrá impunidad militar, pero tampoco repliegue de la defensa de la soberanía del Estado. Aunque, eso sí, la clase política gobernante le debe al ejército el nuevo marco jurídico --la ley de seguridad nacional-- para aclarar aún más las funciones de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, vistos a todas luces los hechos que revelan que la criminalidad y su fuerza violenta ha desbordado la capacidad de los cuerpos de seguridad pública.

Al final, la intención del ejército es plausible: reforzar su papel como garante de la seguridad nacional pero no como pieza de la represión.

www.grupotransicion.com.mx

carlosramirezh@hotmail.com

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