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Lunes 10 de mayo de 2010
+ Oaxaca: indigenismo manipulado + Quieren chiapanizar el estado
A Lulú y Chonita, dos cabecitas blancas
Abajo en las encuestas y dispuestos a comprar pleitos ajenos para reposicionamientos aunque con ello azucen actos criminales, la coalición PAN-PRD y el candidato ex priísta Gabino Cué en Oaxaca buscan convertir el conflicto triqui en San Juan Copala en violencia electoral. El salinista Manuel Camacho y el panista César Nava van a centrar la campaña oaxaqueña en el caso Copala, pero con una grave ignorancia del conflicto. Ahí se dirime una crisis del modelo de usos y costumbres, se reproduce una crisis como la de la APPO en la capital en el 2006 en cuanto a la disputa territorial por la autonomía municipal y la intervención de organismos extranjeros radicales. Pero el asunto tiene su lógica. El maestro Isidoro Yescas, sociólogo investigador de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, analizó en un artículo para la agencia de noticias Quadratín el asunto y llegó a una conclusión: de nueva cuenta los políticos –de todos los partidos-- manipulan asuntos indígenas delicados para su rentabilidad electoral. La parte medular del texto de Yescas –la versión íntegra se publica en www.grupotransición.com.mx, http://quadratinoaxaca.com.mx/noticias/nota.32443/ y en la página del autor http://sociedadypolitica.blogspot1.com-- se publica a continuación: El referente más inmediato para intentar explicar este complejo fenómeno de violencia y conflicto social demasiado recurrente que se ha vivido y vive en la región triqui es la disputa por el control político de los indígenas y sus agencias, localidades y rancherías por parte de tres organizaciones clientelares: el MULT, cuyo brazo electoral es el partido local Unidad Popular; el MULTI, filial de la APPO y con vínculos con La Otra Campaña, y la UBISORT, integradas al PRI. Sin embargo, el clima de impunidad, asesinatos y ausencia total de un estado de derecho que por décadas ha prevalecido en la región, también deben explicarse a partir de la propia cultura, pobreza, analfabetismo y aislamiento geográfico de los pueblos triquis, por un lado; y a la ausencia de políticas públicas de largo alcance de los gobiernos federal y estatal para pacificar la región y mejorar las condiciones de bienestar de sus habitantes. El MULT, MULTI y la UBISORT que hoy se rasgan las vestiduras y se entrecruzan acusaciones y responsabilidades por el lamentable asesinato de dos activistas de organismos civiles, uno de ellos de origen finlandés, no siempre han sido ajenos a los ajustes de cuentas personales, “ajusticiamientos” y vendettas que se vienen registrando en la zona. Conociendo muy bien los códigos de conducta de los triquis, que suelen ignorar a las instituciones responsables de impartir justicia para reparar agravios personales, familiares y políticos, los dirigentes de estas organizaciones de indígenas triquis han sido negligentes si no es que omisos en buscar salidas pactadas e institucionales para frenar esta ola de violencia interétnica. Pero mayor ha sido la responsabilidad de los tres poderes del Estado, en sus niveles federal y estatal, para atender un asunto que no por ancestral y complicado debiera ser olvidado o solo atendido parcialmente en circunstancias críticas como el que ahora se enfrenta. La presencia de grupos armados, el tráfico de armas y el cultivo de enervantes son delitos federales que han sido combativos tangencialmente por el gobierno federal. Pero la misma indolencia han mostrado los gobiernos priístas de Oaxaca que hasta ahora han sido incapaces de coordinarse con el gobierno federal para enfrentar el problema y aplicar políticas públicas orientadas a abatir la violencia, la marginación y la nociva costumbre de hacerse justicia por propia mano. Hoy, el costo de esta negligencia oficial está a la vista: en menos de 72 horas las repercusiones de la emboscada y los dos asesinatos han escalado a nivel nacional e internacional y en donde lo mismo la CNDH, que la ONU, el gobierno de Finlandia, Amnistía Internacional, la sección 22 del SNTE y organismos defensores de los derechos humanos han alzado la voz para condenar los hechos, exigir su esclarecimiento y el castigo a los responsables. A estas alturas , y en el contexto de estas reacciones, poco parecería importar si los responsables de la caravana informaron oficialmente de su viaje a Copala al gobierno federal o al de Oaxaca; o si, a pesar de las advertencias que ya habían recibido sobre el clima de inseguridad que prevalecía en la zona sus integrantes tomaron la determinación de correr el riesgo; o de la extraña presencia en la caravana onegenera del appista David Venegas (a) El Alebrije, señalado por grupos de la misma APPO de ser un provocador al servicio del gobierno del estado; o del papel que desde el 2007, cuando San Juan Copala fue declarado “municipio autónomo”, ha jugado Miguel Alvarez Gándara , intelectual orgánico del organismo civil Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), autodefinido como “actor de promoción de la paz” en Chiapas y México “desde una dinámica liberadora”. Hoy lo que urge es
investigar, aclarar los hechos, deslindar responsabilidades y ejercer la acción
penal en contra de los autores de la emboscada y el doble asesinato.
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