Lunes 31 de mayo de 2010

+ Narco: cada quien por su lado

+ PRD: capitalizar acusaciones

La primera reacción del PRD ante el arresto de su candidato a gobernador para Quintana Roo, Greg Sánchez, no fue la de ofrecer pruebas de inocencia ni la de responder a las largas acusaciones contra el indiciado que se acumulan desde 2008, sino que prefirió usar las acusaciones como catapulta política para sacarle raja política en medios.

Se trata, ciertamente, del PRD que ha enarbolado la acusación de ineficacia de la política gubernamental de lucha contra el narco y que ha insistido en cambiar la estrategia aunque sin señalar hacia donde. Lo grave del asunto para el PRD fue que la orden de aprehensión contra Sánchez culminó la larga serie de señalamientos sobre presuntas vinculaciones del candidato con el crimen organizado.

Ahí es donde precisamente falla la estrategia gubernamental de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. La falta de consenso político se traduce en la mezquindad de los partidos hacia la política oficial. El PRD resume su política antidrogas en el argumento dialéctico de que se cumpla la lucha… en los bueyes de mi compadre. Ahí se percibe también por qué el PRD no ha mostrado voluntad en la reforma del marco jurídico de la lucha contra el tráfico de drogas.

Lo malo para el PRD es que se jugará parte de su capital político en la defensa de un candidato marcado por las evidencias de vinculaciones con el crimen organizado. Mediáticamente quiso Jesús Ortega medrar con la compasión pública al colocar a la esposa de Greg como la vocera de la defensa del candidato, pero con el alto riesgo de que el proceso penal contra el indiciado se alargue, sigan apareciendo datos que confirmarían las acusaciones y que al final el acusado resulta efectivamente culpable.

El caso del PRD en Quintana Roo ilustra con claridad la falta de consenso en la lucha contra el narcotráfico. Desde el principio del proceso electoral local se filtraron datos de una investigación oficial, pero los desdeñaron direcciones del partido y de la coalición DIA. Peor aún: el PRD quiso capitalizar políticamente esos señalamientos como parte de una campaña mediática para posicionar a Greg en las encuestas. El PAN se negó a participar en la alianza en Quintana Roo precisamente por los indicios del expediente de indagación contra el alcalde con licencia del municipio de Benito Juárez.

La apuesta perredista ha sido muy alta y por tanto sus pérdidas pueden ser también mayores. La utilización de la esposa de Greg como vocera la ha colocado en el centro del escenario mediático pero también de la crítica. Como ella ha comenzado a hacer campaña por su marido, entonces tendrá que padecer también la crítica y las indagatorias. Y será peor si la PGR comienza a dar a conocer las evidencias en contra del indiciado.

Lo grave de todo es que el PRD sabía de las acusaciones y señalamientos en contra de Greg desde hace meses. Por tanto, la decisión política de convertirlo en su candidato llevaba implícita una apuesta riesgosa: o blindar a Greg y esperar que ganara las elecciones e hiciera un gobierno sin vinculaciones con el crimen organizado o haber tomado la decisión sin sensibilidad política y basado sólo en posicionamientos mediáticos. Los dos se convirtieron en graves errores políticos de Jesús Ortega y Manuel Camacho.

Ahora el PRD tiene que hacer esfuerzos desesperados por defender a Greg y esperar que las pruebas gubernamentales no sean tan contundentes porque el costo político de Greg también contaminará al PRD. De probarse sus vinculaciones con el crimen organizado, el PRD quedará marcado con la sospecha de las razones que lo habría llevado a escoger como candidato a un personaje cuyas vinculaciones con las mafias habían circulado en medios, con datos y señales, desde mediados de 2008.

El golpe también alcanzará al PAN por sus alianzas en Oaxaca, Puebla y Durango. Y no porque ahí hubiera la reproducción del caso Quintana Roo, sino porque el PRD ha resentido un duro golpe de credibilidad en Quintana Roo y por tanto sería un partido nada confiable. Por tanto, el PAN está obligado no sólo a no sumarse a la loca carrera desesperada del PRD para desviar la atención del caso Quintana Roo, sino a replantear sus alianzas. Paradójicamente el PRD acusó al gobernador de Durango con la misma ligereza que dice que la PGR señaló al candidato perredista en Quintana Roo.

La crisis del PRD en Quintana Roo debe obligar al partido a una revisión no sólo de sus estrategias electorales sino de su política legislativa en materia de seguridad pública. Porque el caso Greg podría dejar la sospecha de que el PRD regatea reformas y critica la estrategia del gobierno por el hecho de haber promovido la nominación de un empresario y político señalado por las autoridades penales de tener vinculaciones con el crimen organizado. El PRD seriamente no puede caer en el papel infantil de denunciar la persecución contra Greg porque iba a ganar las elecciones de gobernador, porque en realidad iba abajo en las encuestas y no habían razones verdaderas para suponer el triunfo.

Lo que el PRD en el caso Quintana Roo se juega no es un número de votos sino su credibilidad política en materia de relaciones con el crimen organizado.

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