Jueves 23 de abril 2009

+ Guerrilla revive en elecciones

+ Trampas de la Comisión EPR

La autodecisión de autodisolución de la autodenominada comisión de mediación entre la guerrilla del EPR y el gobierno federal por el caso de dos presuntos comandantes guerrilleros desaparecidos debe de leerse en el contexto político de cuando menos tres hechos que prenden los focos en la agenda de riesgos del 2009:

1.- Una entrevista con la llamada Coordinación Revolucionaria que agrupa a cinco organizaciones guerrilleras, dejó entrever alianzas estratégicas con el EPR y otros grupos armados. Para la Coordinación Revolucionaria, la Comisión de Medicación fue parte del juego guerrillero “para obligar al gobierno a reconocer prácticamente como fuerza insurgente al EPR”.

2.- La decisión de López Obrador de asentarse en Oaxaca, donde el conflicto magisterial del 2006 registró, la participación activa de la guerrilla del EPR al lado de la APPO y de la sección 22 de maestros disidentes. Los dos comandantes desparecidos fueron grabados en acciones de lucha contra el gobierno estatal, en una de ellas junto a la activista Lucía Morett.

3.- La importancia de las elecciones legislativas del 2006 para parar al PAN, impulsar de nuevo al PRI y tratar de reactivar el espacio perdido por el PRD. El fin de la tregua guerrillera sería parte del escenario de descomposición política que afectará al gobierno panista.

Los mensajes de advertencia del resurgimiento de la violencia guerrillera deben leerse en las declaraciones de los miembros de la autodenominada Comisión de Mediación. El periodista Miguel Angel Granados Chapa advirtió ayer en su columna en Reforma que “la Comisión no pasa por alto las probables consecuencias de su resolución, entre otras la de que el EPR ponga fin a la tregua que estableció a partir de un pedido expreso de quienes integrarían la Comed, que la consideraron necesaria para su actuación y fue respetada puntualmente hasta ahora”.

Y el poeta Carlos Montemayor, también de la misma comisión, afirmó “que la posibilidad de que resurja el EPR se debe a que el grupo armado se comprometió a declarar un alto al fuego y suspensión de las actividades durante el tiempo que duraran las negociaciones de la Comisión de Mediación”.

Por tanto, la decisión de la Comisión de Mediación de terminar sus labores fue un aviso de que el EPR volverá a las acciones de propaganda y seguramente acciones militares, como los bombazos en instalaciones petroleras.

Lo único malo del asunto es que varios miembros de la Comisión no son ajenos a las actividades de la lucha armada: la senadora Rosario Ibarra de Piedra ha protegido a guerrilleros y recientemente acunó a la activista Lucía Morett, quien fue herida cuando se encontraba de visita --cual campamento de verano de Disney-- en el principal cuartel de las FARC en Ecuador, donde murió el principal dirigente de esa narcoguerrilla. El obispo Samuel Ruiz participó en el nacimiento del EZLN.

Por tanto, ahora se percibe el hecho de que la Comisión de Mediación no realizaba tareas de intermediación sino que defendía las actividades del EPR. La declaración de los integrantes de la Comisión al anunciar el final de sus tareas debe ser leída como un comunicado de advertencia del EPR de que terminó la tregua y que regresará a las actividades clandestinas violentas.

La Comisión en realidad no buscaba allanar los caminos para la indagación del paradero de los guerrilleros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, sino que quiso operar como un espacio de debilitamiento político del gobierno federal y como un caballo de Troya para penetrar espacios de instituciones de seguridad nacional. Su exigencia de dialogar directamente con la Secretaría de la Defensa Nacional, con el Cisen y con la PGR fue visto como una forma de meter a la guerrilla del EPR en las oficinas encargadas de la seguridad nacional.

A pesar de la importancia de mantener la exigencia de aclarar la presunta desaparición de dos jefes guerrilleros, la Comisión en realidad se convirtió en el brazo político del EPR en el ambiente político nacional y en las instituciones. El gobierno federal tiene la obligación de atender la recomendación de ese caso emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero otra cosa era la petición de la Comisión de meterse en los organismos de seguridad nacional.

La decisión política de la Comisión de reventar de nueva cuenta el conflicto debe entenderse en el contexto de un nuevo activismo de la guerrilla. El investigador Jorge Lofredo realizó una completa entrevista con dirigentes de la llamada Coordinación Revolucionaria --www.cedema.org-- y en ella la dirección guerrillera hizo una afirmación audaz sobre el significado político de la Comisión de Mediación como una forma de obligar al gobierno a “reconocer prácticamente como fuerza insurgente al PDPR-EPR, a fin de congelar el conflicto y ganar el mayor tiempo posible, en la perspectiva de golpear y desarticular militarmente a la organización”.

Así que el escenario electoral va a complicarse: la guerrilla regresa a la violencia, López Obrador va a incendiar Cananea y Oaxaca y los partidos políticos reparten posiciones como tajadas de pastel.

www.indicadorpolitico.com.mx

carlosramirezh@hotmail.com

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