+ Delito criminal en guardería

+ Un protegido de Bours, clave

La tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, reveló la peor de las pesadillas políticas del país: la impunidad. Entre muchos otros, hay cuatro datos reveladores:

1.- El problema no radicó en la privatización del servicio de guarderías, sino en la entrega de concesiones a familiares de políticos priístas locales. Por tanto, existe ahí una relación perversa de complicidad del poder.

2.- El funcionamiento de guarderías sin supervisión real se reproduce en la casi totalidad de las empresas privadas: la autoridad municipal, estatal y federal son proclives a la corrupción.

3.- El Instituto Mexicano del Seguro Social subrogó guarderías, pero mantiene bajo su control directo a cuando menos 150. Pero no son guarderías para la sociedad sino para la casta privilegiada de trabajadores del IMSS y del sindicato. Esas guarderías tienen control, supervisión y equipos médicos especializados. Por tanto, el IMSS ya no cuida la seguridad social sino la de la casta de trabajadores sindicalizados.

4.- Uno de los responsables de agilizar el procesamiento de las autorizaciones para la Guardería ABC fue Juan Carlos Lam, secretario técnico del gabinete, protegido del gobernador Eduardo Robinson Bours Casteló y por tanto corresponsable legal de la tragedia.

El conflicto legal por la Guardería ABC no debe terminar en la tasación de 150 mil pesos por la vida de cada niño --valor de la indemnización oficial-- sino que primero debe de llegar hasta las últimas consecuencias: los empresarios subrogados tienen la obligación legal de pagar cuidados médicos e indemnizaciones, no el IMSS con dinero de los contribuyentes.

Asimismo, la autoridad federal tiene también la obligación de fincar responsabilidades más allá del nivel del homicidio culposo. Si se revisan las leyes, la negligencia y el incumplimiento de reglamentos de protección civil pueden llevar a cargos de homicidio doloso, es decir, que hubo responsabilidad criminal al no cumplir intencionadamente con las medidas de seguridad. Si deveras la Procuraduría General de la República quiere hacer un intento de justicia, entonces debe reacusar a los dueños por irresponsabilidad criminal, no sólo civil. Los dueños tenían la obligación de cumplir con reglas de seguridad. No hacerlo es, de suyo, un delito criminal.

Los niños que perdieron la vida no murieron sino que fueron asesinados por la negligencia criminal de dueños que no cumplieron con las reglas de seguridad, de autoridades estatales y municipales que avalaron el funcionamiento de la guardería y de funcionarios del Seguro Social que no supervisaron la seguridad. El Estado puede privatizar actividades, pero existe la obligación de supervisar directa para impedir errores.

Asimismo, la corrupción es un delito grave. La PGR y la procuraduría estatal tienen formas de perseguir y castigar la corrupción como delito, pero también por sus repercusiones criminales. Los niños perdieron la vida por irregularidades en la supervisión de tareas de gobierno contratadas a particulares. Y hay que subrayar que no se trata de uno o dos niños muertos, sino de 45 infantes que fallecieron por la negligencia criminal de autoridades municipales, estatales y federales y de particulares. La PGR no puede salir con el cargo de homicidio doloso no grave y adelantar la libertad bajo fianza.

El lado político llega a los aparejos del gobernador Eduardo Robinson Bours Casteló, en cuyo gobierno trabajaban algunos socios o esposos de socias de la guardería incendiada. La renuncia sería el menor de los castigos. Y sería poco esperar sólo el cargo de conciencia de 45 niños. El fondo del conflicto radica en el hecho de que la privatización de funciones públicas no recayó en empresarios dedicados sólo a la empresa privada, sino en funcionarios de gobierno beneficiarios de concesiones.

El caso de la guardería es justamente la principal distinción del gobierno empresarial del empresario Robinson Bours Casteló. Beneficiario del apoyo político de Ernesto Zedillo y su esposa, Robinson Bours Casteló saltó del Consejo Coordinador Empresarial a la gubernatura. Y Sonora se privatizó para pasar a formar parte del Grupo Empresarial Bours. Por eso el gobernador Robinson Bours Casteló quiso primero echarle la culpa a la esposa del presidente de la república, cuando la dueña Gómez del Campo es pariente de la esposa del gobernador.

El caso de la Guardería ABC volvió a echar la luz sobre Sonora, un estado donde la impunidad es regla general, el narcotráfico ha penetrado no sólo las instituciones sino las empresas Bachoco del gobernador, el autoritarismo ha convertido a Robinson Bours Casteló en un cacique del estilo del guerrerense Rubén Figueroa, donde sigue desaparecido el reportero Miguel Angel Jiménez por denunciar la protección oficial al crimen organizado y donde la represión a disidentes es práctica del gobierno estatal.

Las conclusiones son pocas: sí hay delitos criminales que perseguir en el caso de la guardería ABC, Sonora quedó al descubierto como una entidad sin Estado de derecho y la privatización de funciones estatales ha derivado en corrupción e impunidad de empresarios locales aliados al gobernador.

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carlosramirezh@hotmail.com

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