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Acurrucado y protegido por los priístas a los que despreció a lo largo de seis años, el gobernador sonorense Eduardo Robinson Bours Casteló ha visto el fracaso de su estrategia: no ha podido ocultar la razón que provocó el incendio en la guardería ABC.

Datos revelados por algunos civiles que fueron los primeros en llegar al lugar para salvar a los niños han afirmado que el origen del incendio no fue el aire acondicionado y que los materiales de papelería tampoco explicaban la velocidad a la que se difundieron las llamas. La intensidad del incendio se debió a que en la bodega adjunta a la guardería guardaba gasolina.

Los datos tienen una explicación. Ahí ocultaban la gasolina de origen gubernamental que se usaba para alimentar los vehículos de las campañas priístas. Se trató de una operación realizada sin guardar los márgenes indispensables de seguridad.

En la bodega de la Secretaría de Finanzas estaban tambos de gasolina y llegaban autos oficiales a que los ordeñaran porque en la campaña política no pudieron usar directamente vales de gasolina del gobierno del estado. El incendio se produjo por una chispa en un ambiente peligrosamente cargado de vapores de gasolina. La rapidez con la que se expandió el incendio se debió a la falta de extintores y desde luego a la ausencia de medidas de seguridad.

Hasta ahora, las autoridades federales no han interrogado a las primeras personas que arribaron el lugar. Pero algunos testigos las han identificado como de una empresa privada importante, vinculada a la industria de bebidas alcohólicas. Ellos fueron quienes hicieron labores heroicas para tratar de salvar a algunos niños y las que percibieron el olor a gasolina. En este punto algunos expertos han coincidido con la tesis de que el incendio tuvo un acelerante que propagó el fuego muy rápido.

El caso de la guardería ABC en Sonora abrió un debate sobre los estilos arbitrarios de gobernar de Eduardo Robinson Bours Casteló. Como empresario, Robinson Bours escaló posiciones políticas por el apoyo del presidente Ernesto Zedillo y su esposa Nilda Patricia.

Pero el asunto más delicado es que Robinson Bours terminó con la leyenda urbana priísta de que los mejores políticos eran los empresarios, porque decían que llegaban al poder con posiciones económica personales y empresariales resultas y por tanto no tenían que expoliar los negocios y las finanzas públicas. A pesar de poseer una riqueza consistente, la familia Robinson Bours aumentó su fortuna a través de negocios con los presupuestos públicos para obras y servicios.

Por ejemplo, la familia Robinson Bours ha utilizado aviones oficiales del gobierno del estado para servicios privados. Documentos de la bitácora de vuelo en poder de Indicador Político hablan de viajes familiares sin explicación oficial a sitios como Las Vegas, San Diego, Tucson o Phoenix. Entre el 17 de diciembre de 2008 y el primero de junio del 2009 están contabilizados 51 vuelos del gobernador o su familia a lugares donde no hubo actividades oficiales. La base de datos en poder del columnista registra vuelos desde 2004.

A ello se agregan los negocios del poder del gobernador, el papel de su poderoso hermano Ricardo con el control que tuvo de la inversión pública a través de oficinas especiales. La preocupación del gobernador saliente radicó en la urgencia de poner sucesor para evitar los conflictos de la revisión de la cuenta pública.

Lo grave ha sido la ineficacia de la percepción de que empresarios en el poder garantizarían un mejor manejo de los fondos públicos. El caso de la guardería ABC exhibió la entrega de concesiones a familiares de la familia Robinson Bours Laborín. El mandatario estatal no le dio a sus familiares negocios de sus propias empresas privadas sino los que se pagan con fondos públicos. Los presupuestos públicos aumentaron la fortuna privada de la familia del gobernador de Sonora.

El problema adicional en el caso de la guardería ABC radica en la protección oficial a sus dueños privados: la complicidad se transforma en una vulgar impunidad. Casi como una burla a los familiares de los 48 niños muertos por la responsabilidad municipal y estatal en la vigilancia del funcionamiento de la guardería, el gobernador Robinson Bours Casteló encarceló unas horas a vigilantes y empleados menores. Más tardaron en procesarlos que en liberarlos bajo fianza.

La procuraduría estatal, bajo sospecha por el incremento del narcotráfico en el estado y en camiones de reparto de la empresa Bachoco, propiedad del gobernador, ha actuado más como oficina de defensa de los dueños de la guardería que como fiscal del Estado representando los intereses de la sociedad agraviada con el drama de la ABC.

Las manifestaciones públicas creciente de familiares y ciudadanos afectados por el incendio han topado con el muro de un gobernador dispuesto a proteger a sus familiares que son dueños de la guardería ABC. Sin embargo, la pista de la gasolina y la indagación sobre la papelería sospechosa ocultada en la bodega adyacente podrían pronto reorientar las investigaciones y colocar a Robinson Bours, como lo clama el pueblo de Sonora, en el centro de las investigaciones.

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carlosramirezh@hotmail.com

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