Martes 25 de marzo 2009

+ Ministros lopezobradorizados

+ La Tremenda Corte “Legítima”

En un acto de rebeldía institucional que viola el principio legal de imparcialidad, cuatro ministros de la Corte decidieron el camino de la lopezobradorización y optaron por inventar la Tremenda Corte de Justicia “legítima” al margen de las instituciones.

Luego de haber perdido la votación sobre el caso de la activista Lydia Cacho, los ministros Genaro Góngora, José Ramón Cossío, José de Jesús Gudiño y Juan Silva Nieto publicaron un libro con los votos particulares. Pero se trató de un acto de ruptura de las decisiones por mayoría de la Corte que viola las leyes, que trafica con información privilegiada del máximo tribunal judicial y que ridiculiza las votaciones en la Corte.

Tan se trató de una decisión ilegal, que los ministros presentaron su libro en lo oscurito: una reunión en el ITAM el miércoles 18, pero a puerta cerrada, a escondidas de los medios. La intención del libro es más que obvia: sumarse, vía Góngora, el ministro valido de López Obrador, a la guerra sucia electoral en contra del PRI para revivir el caso Cacho pero luego de haber perdido la votación.

Con el libro, los cuatro ministros instalaron la Corte “legítima”, funcional a la presidencia “legítima” de López Obrador. Sólo falta que algún perredista despistado tome la decisión de crear el Congreso “legítimo” para que López Obrador, luego de haber perdido las elecciones de julio del 2006, tenga su República patito y sus tres poderes “legítimos”. Góngora aparece como el presidente “legítimo” de la Tremenda Corte del tabasqueño.

Como debe de ser, los cuatro ministros escriben su propia versión del caso, parcial, tergiversada y resentida por la derrota. Pero ocultan la perversión de haberse asumido como un poder investigador federal para violar la autonomía estatal de Puebla al ordenar pesquisas especiales y llegar al absurdo de también ordenar la intervención telefónicas de funcionarios poblanos para probar una acusación previamente establecida. Así, el ministro Góngora impulsó la intervención telefónica y convirtió a la Corte en una vulgar Federal de Seguridad de los tiempos de José Antonio Zorrilla Pérez.

Más que contra el gobernador poblano Mario Marín Torres, el libro de los ministros fue una bofetada contra los demás ministros de la Corte que votaron por considerar --siguiendo escrupulosamente la ley-- que no hubo “violación grave” de las garantías individuales. Así, Góngora --promotor del libro Las costumbres del poder-- se convirtió en un factor de ruptura de la institucionalidad de la Corte y sembró la semilla de la discordia: ahora cualquier ministro que pierda una votación interna podrá salvarse con libros que exhiban a los demás.

Los ministros de la Tremenda Corte “Legítima” no plantearon en el libro un análisis jurídico sino que más bien quisieron congraciarse con el respetable, aunque se trata de un mamotreto casi 600 páginas. Lo grave es que el libro exalta una de las violaciones constitucionales que avalaron algunos ministros: el uso de grabaciones ilegales que la Constitución señala sin valor probatorio. Góngora promovió la orden de la Corte para interceptar comunicaciones de políticos poblanos, pero sin obtener los resultados. Por eso la Corte volvió a violar la Constitución para inventar la cantinflesca tesis de que grabaciones ilegales prohibidas por la Constitución fueran tomadas legalmente como “hipótesis derivadas de las grabaciones”, un argumento terrible para el derecho que establece condiciones estrictas en materia legal y que viola de manera grave las garantías individuales.

El nacimiento de la tribu lopezobradorista disidente en la Corte rompió el carácter de cuerpo colegiado. Lo grave es que los ministros disidentes utilizaron informaciones confidenciales en su poder para fundamentar sus tesis. Y lo más grave es que los ministros disidentes escribieron un libro para contradecir un veredicto que por ley es constitucionalmente inatacable. Por tanto, los ministros Góngora, Cossío, Gudiño y Silva cayeron en el delito de desacato y debieran ser enjuiciados. Ahora cualquier decisión de la Corte podrá ser desautorizada con libros al margen de las leyes.

Lo malo es que el espíritu de equidad que se desprende de la votación mayoritaria fue desprestigiado por una minoría de cuatro ministros. Un tercio de los once ministros publicó el libro para atacar el veredicto de la mayoría y en los hechos pugnar por la reapertura del caso, lo que llevaría a violentar --uno más-- el principio legal de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Pero cuatro ministros exhibieron a los siete ministros restantes como cómplices de supuestos violadores de garantías. Se trata, de nueva cuenta, de la aplicación autoritaria del criterio de que solamente la minoría tiene la razón y los demás fueron incompetentes en la aplicación de la ley. Así, el libro no daña tanto al gobernador Marín como descalifica a los siete ministros restantes.

En los hechos, los cuatro ministros disidentes conformaron lo que pudiera conocerse como un escuadrón de la muerte política que analiza, juzga, pierde votaciones pero desde su minoría aplica su ley al condenar en un libro lo que no pudieron probar en la Corte. Sería una especie de Jueces Drudge de un comic estadunidense en donde un policía aprehende, juzga, condena y es el verdugo. Como en las dictaduras, en donde la ley que vale es la de las minorías.

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